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La Historia De Dos Crisis: El Coronavirus pone pausa a las protestas sociales en Chile

Chile, hasta hace poco, era el reluciente ejemplo de crecimiento económico, estabilidad política y reducción de la pobreza en medio de una Latinoamérica convulsionada. Sin embargo, en octubre de 2019, las flamantes perspectivas del país cayeron rápidamente cuando el estallido social, gatillado por una protesta estudiantil, se esparció rápidamente a lo largo de Chile, como si se tratase de un virus, llevando a protestas violentas y un descontento generalizado a causa de la desigualdad social y económica.

El levantamiento social ganó impulso a fines de 2019, pero comenzó a perder viada a principios de este año después de que el gobierno tomase medidas para pacificar a los manifestantes. Marzo se catalogaba como el mes decisivo para determinar el futuro de las protestas ya que los estudiantes regresaban de vacaciones y se había programado el referéndum para abril. Contra todo pronóstico, antes de que esto sucediera, el Coronavirus se adelantó y llegó a Chile y, aunque su llegada implicó un nuevo desafío económico y de atención médica, le dio al gobierno una razón conveniente para instalar toques de queda, prohibir las reuniones públicas y obtener el apoyo de las Fuerzas Armadas; una medida efectiva para sofocar cualquier protesta además de la propagación del Coronavirus.

Un empresario chileno, del sector de bienes y raíces, resumió acertadamente la transición entre ambas crisis, “Pasé meses sin dormir esperando a que saqueen o quemen un supermercado o centro comercial de los que manejamos, ya que estaba toda la noche al pendiente. Ahora con el Coronavirus estoy durmiendo más tranquilo”.

Además de los efectos que siente el país en general, muchos de nuestros clientes están preocupados, específicamente por el impacto potencial de los continuos disturbios sociales y el Coronavirus en la inversión en infraestructura chilena. Este artículo explora algunos de esos efectos y sus posibles resultados para el sector.

Grandes esperanzas

A principios de octubre de 2019, el presidente de Chile Sebastián Piñera decía en un programa de televisión local, “En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile” comparando al “milagro” de la región contra sus países vecinos quienes estaban protagonizando lo que podría llamarse como “la primavera latinoamericana”: multitudes marchando masivamente para expresar su descontento, reclamando a los gobiernos por el estancamiento económico, corrupción, desigualdad y problemas nacionales más específicos. “Nuestro país es un verdadero oasis”, añadía sin imaginarse la pesadilla que Chile estaba a punto de vivir tan solo unos días después.

A primera impresión, era casi imposible imaginarse que un estadillo social pudiese pasar en Chile, un país cuya historia post-dictadura ha sido muy exitosa y ha sido capaz de combinar crecimiento económico, estabilidad política, instituciones sólidas, servicios sociales en expansión y un favorable clima para la inversión. Ha sido capaz de lograr una admirable disminución de la pobreza pasando del 45% de la población a mediados de la década de 1980 al 8.6% hoy. Alrededor del 65% de los chilenos son de clase media, frente al 24% en 1990 según fuentes oficiales.

Lo que nadie imaginó, tanto el gobierno como la mayoría de los espectadores, fue que este rápido desarrollo social y económico haya causado que las expectativas de su gente, quienes veían a su país como uno de primer mundo, sean tan difíciles de alcanzar.

Por poner el ejemplo de una visita del expresidente Lagos al suburbio chileno de Renca, cerca de Santiago, específicamente a un complejo de viviendas que había sido construido casi veinte años atrás por su propia gestión para gente que hasta entonces vivía en casas prefabricadas. Durante dicha visita, quedó sorprendido por el nivel de descontento entre sus residentes, ya que reclamaban el hecho de haber construido viviendas sin espacio para un automóvil. Por lo que el expresidente contestó, “¿Usted pensó hace 20 años que tendría un auto?”. Ninguna de las partes, al momento de diseñar y soñar el proyecto pudo imaginarse que tener un automóvil iba a ser una posibilidad, y con el ello un espacio de parqueo una necesidad.

Acompañado a dicho crecimiento de clase media viene consigo un mayor nivel de endeudamiento, ya que el acceso al crédito es parte importante del catalizador de dicho poder adquisitivo. Por ello dicho segmento, “vendría a ser una clase media endeudada con un estándar de consumo establecido, con auto, casa, un nivel de acceso a veranear fuera de Santiago, en algunos casos Miami…tienen acceso a un nivel de consumo más alto pero anclado en deuda y la deuda a la que acceden es cara, generando una fuerte presión en sus presupuestos”, nos comentó la cabeza de un conglomerado de salud chileno.

Existen innumerables problemas que han contribuido al descontento social, pero en términos generales las clases bajas y medias chilenas sienten un descontento generalizado debido a la desigualdad de ingresos y la desconfianza del gobierno y las grandes corporaciones. Los manifestantes creen que muchas partes del sistema deben cambiar: los estudiantes buscan una mejor oferta en la educación, los jubilados quieren mejores pensiones, otros están en contra de la privatización de la infraestructura crítica y existe un deseo general de una mejor atención médica, un mejor acceso a la cultura, entre otros.

¿Tienen justificación estas quejas? Según la OCDE Chile tiene uno de los peores ratios de desigualdad 1, pero la educación y gasto en salud se encuentran en el promedio23. Son varios los factores detrás de este estallido. Para poner un ejemplo, según la Cámara Chilena de la Construcción, una familia debe destinar íntegramente su salario por 7,6 años para el pago de una vivienda, equivalente a un crédito hipotecario de más de 45 años, tomando en cuenta que el pago no debería sobrepasar el 25% del ingreso familiar mensual. Según la institución, los precios de la vivienda aumentaron 67,8%, entre 2011 y 2019, mientras el ingreso de los chilenos apenas se incrementó en 24,7%.

Hasta ahora, muchos líderes empresariales se habían opuesto a mayores subsidios gubernamentales para la salud, la educación y las jubilaciones. Argumentaban que el sistema chileno era, como mucho, el más exitoso en América Latina, y que cambiarlo sería peligroso. Y, en términos macroeconómicos, tenían razón. Chile también ocupa el primer lugar en América Latina, y el número 44 entre 189 países, en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, el cual considera no solo el crecimiento económico, sino también con los estándares de salud y educación. Sin embargo, muchos chilenos están descontentos. Han escuchado a varios de sus presidentes citar cifras macroeconómicas que muestran que Chile está a punto de entrar en el primer mundo, y no ven eso reflejado en sus vidas. A gran parte de chilenos no les ha ido tan bien como a Chile.

La desconfianza de las grandes corporaciones es quizá un problema más general en gran parte de América Latina y se deriva de casos frecuentes de delitos como corrupción, fijación de precios, límites a la producción, fraude y otros.

La respuesta del gobierno a las protestas

Los manifestantes en Chile están demandando cambios de largo alance, pero será casi imposible encontrar soluciones a largo plazo a estos problemas estructurales en un ambiente tan revuelto. La estrategia inicial del gobierno fue la de tratar de pacificar a los manifestantes con soluciones directas a problemas específicos, aunque resultó ser una tarea más difícil de lo que se hubieran imaginado. “Se está tratando de hacer cargo de los pedidos de la gente mientras que se busca generar un espacio de tiempo y paz para arreglar los temas de fondo, el gobierno busca pacificar la cuestión, pero no tiene mucho espacio de credibilidad. Lo primero ha sido tratar de poner parches a temas como el sueldo mínimo, la salud, pensiones mínimas, beneficios a los ancianos, pasajes de metro, entre otros; más no soluciones estructurales”, nos comentó el CEO de una cadena trasnacional de retail.

Existe una percepción de parte de algunos líderes empresariales de que la respuesta por parte del aparto estatal no ha sido lo suficientemente potente, “Lamentablemente el gobierno y el aparato estatal, en general, no han tenido la fuerza suficiente ni han querido encarar con fuerza, por todos los riesgos implicados, este movimiento violentista, el cual persiste y corresponde a una violencia focalizada en ciertos sectores de las ciudades, pero sigue existiendo y genera mucha incertidumbre en el país” nos comentaron. “Hay que recordar la cuenta pendiente que los militares tenían con el presidente Piñera [durante su primer mandato], quien dejó a muchos encarcelados, les quitó beneficios carcelarios y además nunca los apoyó en su discurso. Por ello no lo están apoyando completamente”. A pesar de que Piñera no cuenta con el respaldo absoluto de las fuerzas armadas, ni tampoco los manifestantes, el aparato militar es completamente de derecha, por lo que es muy remoto considerar un escenario como el de Venezuela en donde apoyen a una revuelta socialista.

El enfoque cauteloso del gobierno es comprensible dada la historia del país de abusos contra los derechos humanos. Según un comentarista político chileno, “No tenemos gobierno porque el gobierno no se atreve a hacer uso de la fuerza pública, y más aún, nadie quiere ser procesado en un año por uso excesivo de fuerza y violación de derechos humanos”. Cabe resaltar que el gobierno fue duramente criticado por graves violaciones a los derechos humanos durante esta cruzada y se han realizado investigaciones sobre esta materia por distintas organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otras. Hasta el momento se han confirmado 32 muertos y contabilizado al menos 3,765 heridos en las protestas que, desde el pasado 18 de octubre, estremecen las calles de Chile, de las cuales 445 personas registraron heridas oculares producto del impacto de perdigones, balines de goma o bombas lacrimógenas disparadas por agentes de Carabineros durante la represión de las protestas.

El 15 de noviembre, tras varias semanas de disturbios los principales partidos políticos del país acordaron realizar el referéndum constitucional de abril de 2020. Dicho plebiscito preguntará al pueblo chileno si se quiere una nueva Constitución, y si esta debe ser redactada por ciudadanos comunes o por una combinación de ciudadanos y legisladores. “Esta posible reforma constitucional de tono socialista para la cual se ha llegado a hablar hasta de limitación de la propiedad privada, la cual de ser así estadísticamente traería consigo un retroceso”, nos comentó un prominente empresario. “Parece que seguimos el destino de todos los países latinoamericanos: el de autodestruirnos”.

Como se preveía, el simple anuncio no desactivó las protestas, y fue marcado con más fuerza aun por cumplirse el aniversario de la muerte a manos de la policía del joven mapuche Camilo Catrillanca. Se esperaba que el malestar social cobrara impulso en marzo antes del referéndum en abril, escenario que habría sido muy difícil para el gobierno poder contener.

El destino entonces parece haber escuchado sus plegarias, ya que la fecha inicial propuesta para el referéndum del 26 de abril de 2020, ante la situación de emergencia sanitaria por el Coronavirus, que golpeó a Chile a inicios de marzo, ha sido pospuesta para el 25 de octubre, según un acuerdo transversal realizado por los partidos políticos el jueves 19 de marzo. Antes de la pandemia, se esperaba que la única forma de que dicho plebiscito sea frustrado sea mediante una intervención del ejército encaminada a terminar de una vez por todas con la movilización social que se desarrolla desde hace ya más de 5 meses.

En el marco del combate a la propagación del Coronavirus, el gobierno chileno anunció el 13 de marzo la prohibición de eventos públicos con más de 500 personas, entre otras medidas, que fueron endureciéndose con la gravedad de la pandemia como cuarentena obligatoria para todo extranjero o chileno que llegue al país, cualquiera sea su origen, toque de queda en todo el territorio nacional, desde las 22:00 hasta las 05:00 para disminuir los contactos sociales, control policial, apoyado por las Fuerzas Armadas, en las comunas de Providencia, Las Condes y Vitacura, para fiscalizar el desplazamiento de personas pudieren estar en cuarentena.

Esta coyuntura significaría también un obstáculo para la realización de las protestas y otras convocatorias de organizaciones sociales, que vienen siendo frecuentes a partir del estallido en el país. Por parte del gobierno, la prioridad hoy en día es la fortalecer el sector sanitario y la de asegurar que las empresas tengan suficiente acceso a liquidez para pasar estos meses de crisis económica.

En línea con esto, el gobierno de Piñera anunció el 8 de abril un nuevo plan de estímulo económico en el cual compromete una línea de financiamiento por 24 mil millones de USD para poder frente a las adversidades en la economía generadas por el avance del Coronavirus. Este plan busca facilitar las condiciones para que los bancos presten capital de trabajo a empresas por un plazo de 48 meses con un periodo de gracia de hasta 6 meses y por un monto equivalente a 3 meses de ventas.

Para suerte de Chile, su sistema sanitario funciona muy bien y desde enero se empezó a preparar de manera preventiva comprando tests, equipamiento, entre otros, por lo que la llegada de la pandemia al país sudamericano los agarró completamente prevenidos. ¡Fue una reacción considerablemente mejor que la de muchos países desarrollados!

En términos de la reacción económica, la sociedad chilena, al venir de un escenario adverso, ya estaba con todas las alertas prendidas con respecto al funcionamiento del sistema financiero ya que después de los eventos originados a fines del 2019, fue muy fácil identificar la presencia de problemas y cómo reaccionar rápidamente a ellos. “Algunos instrumentos de reacción ya estaban en pie”, resaltó un ejecutivo de un importante banco chileno. Efectivamente, los problemas vividos el año pasado dejaron a las empresas en una situación de vulnerabilidad económica pero también muy bien entrenadas en términos de capacidad de reacción. “Fue un entrenamiento estupendo” añadió.

¿Qué significa esto para la infraestructura?

Cuando comenzó el estallido social, parte del objetivo de los manifestantes fue irse contra la infraestructura, atacando el metro, parando carreteras, atacando peajes, entre otros. “Esta protesta, la cual muestra actos de vandalismo, específicamente incendios, ataques a peajes y supermercados, ha sido notoriamente hecha de forma organizada y profesionalmente”, nos explicó un alarmado ejecutivo de un gran conglomerado, sugiriendo que estas habían sido realizadas de forma coordinada a pesar de que aún no hay un pronunciamiento oficial sobre quién está detrás. Más aún, “a pesar de los intentos, no tienen la capacidad para inmovilizar Chile a través de hacerle daño a la infraestructura”, nos comentó un empresario chileno. Añade que “una de las cosas que hizo el gobierno de Lagos, muy bien, fue invertir en infraestructura, Chile de lejos tiene las mejores carreteras, un metro espectacular, buenísimos estadios de futbol. En materia de carreteras, la infraestructura de Chile es un lujo, donde vayas te vas a encontrar con una muy buena carretera, basada en un tema de concesiones que funcionó muy bien”.

A pesar de tener una infraestructura tan contundente, comparada con sus pares, los ataques han implicado costos no menores para los chilenos. De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción, el valor de los destrozos alcanza los $4 579 millones de dólares, de los cuales 380 millones corresponden los daños que sufrieron 77 de las 136 estaciones que tiene el Metro de Santiago. Solo en infraestructura pública, el monto necesario es de $2 329 millones de dólares, de los cuales para calles y veredas se requieren $1 949 millones de dólares, de los cuales $1 287 millones de dólares para Santiago, 380 millones en Valparaíso y $282 millones de dólares en Concepción. Por último, la cifra estimada para los daños en infraestructura no habitacional, es decir Industria, Comercio y Establecimientos Financieros, alcanza los $2 250 millones de dólares.

La infraestructura es esencial para la operación de cualquier país y el gobierno chileno lo sabe muy bien. En consecuencia, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que permite la utilización de las Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura crítica sin la necesidad declarar Estado de Emergencia. Esto abarca distribución de agua, gas, electricidad, comunicaciones, infraestructura de hospitales y aeropuertos, y a eso sumaría también las comisarías de Carabineros, ya que también han sido blanco de ataques.

No obstante, el gobierno de Piñera hoy en día no tiene ninguna posibilidad de llamar a nuevas inversiones o nuevas concesiones debido a la incertidumbre generada por el Coronavirus en el corto plazo y el descontento de la población en el mediano. Los proyectos de inversión están suspendidos, más no cancelados, pero si en pausa hasta que se aclare la situación sanitaria y la economía de señales de que está volviendo a funcionar. Antes de la crisis se esperaba un 4% de crecimiento de inversión, ahora el Banco Central estima una caída de 8%. De acuerdo a un reconocido banco de inversión regional, se espera una contracción de 9.4% en la inversión bruta durante el 2020, la cual podría ser compensada por los fuertes estímulos a la economía que se esperan por parte del gobierno.

Aunque las protestas masivas iniciaron presuntamente por el elevado costo de vida, el desorden social le está pasando la factura al país sudamericano. A los costos causados por la devastación, y con ello la pérdida de empleos y la caída de la inversión, hay que sumarle también el costo de la reconstrucción, el arduo trabajo de recuperar la economía, poder reconstruir la imagen de Chile frente al mundo y darles a los inversionistas la seguridad jurídica y social que necesitan. El ejecutivo de un importante banco chileno mencionó, “La crisis financiera (2008) tuvo un gran impacto en las expectativas, pero logramos recuperarnos. Fue una pesadilla sin efectos duraderos. La principal diferencia esta vez es el shock de confianza [proveniente de un cambio constitucional] y un impacto con efectos duraderos”. Sin las medidas adecuadas que aseguren un clima favorable para la inversión, el sector infraestructura gozaría de un impulso gracias a la reconstrucción; sin embargo, este sería tan solo temporal ya que el deterioro de la confianza empresarial producto de la incertidumbre en el plano doméstico generaría una posterior caída en la actividad.

Dada la crisis mundial generada por la pandemia del Coronavirus, es improbable que el gobierno anuncie un paquete de ayuda para reactivar el sector infraestructura. La prioridad hoy en día es la de asegurar que las empresas tengan suficiente acceso a liquidez para pasar estos meses de crisis económica.

Un porvenir aún muy incierto

Todos los esfuerzos del gobierno, por el momento, están comprensiblemente enfocados en proteger al país de la pandemia del Coronavirus, pero bajo el supuesto de que esta situación eventualmente pasará, Chile debe pensar en su futuro y el potencial riesgo de una crisis institucional. A pesar de los temores de muchos de que Chile dejará de ser un modelo económico para América Latina, existen razones para ser cautelosamente optimistas sobre el futuro del país.

La mayoría de las personas detrás del cambio en la Constitución están convencidos de que es el camino para eliminar la desigualdad, aunque no hay claridad aun de que porcentaje del voto ese grupo representa. “Hay gente que piensa que hay que irse a una economía socialista sin propiedad privada y se elimine el capitalismo. Yo creo que es una minoría los que piensan así, pero hoy en día la minoría está bastante escuchada”, nos comentó el CEO de una compañía multinacional chilena. “Chile es un país con clase media bastante moderada, no creo que eso sea lo que la gente quiere”. Lo que es cierto es que se buscan cambios institucionales que pueden cambiar la economía y en esta primera etapa lo que está en juego es si hay reforma o no hay reforma, con un 80% de aprobación de esta última y 20% de rechazo.

Para el gobierno, el primer gran desafío será recuperar la confianza de su gente, proponiendo soluciones políticas viables a esta crisis social que va más allá de los problemas de seguridad pública. Tendrán que ser capaces de navegar con éxito entre dos crisis simultáneas: la global y la local.

A corto plazo, el gobierno chileno deberá enfocarse en poder contrarestar los efectos inmediatos de la crisis sanitaria y asegurar la líquidez necesaria a la población. Sin embargo, asumiendo una salida exitosa de esta pandemia, los cambios estructurales que la sociedad chilena demanda no deberán ser ignorados. La infraestructura deberá ser reparada y reconstruida, así como una mayor inversión y potencial reforma de los sistemas de salud y educación. Finalmente, y más importante, Chile deberá encontrar una solución a las desigualdades económicas percibidas por los manifestantes. Estas acciones, las cuales deben incluir al sector infraestructura, deberán ser planificadas y ejecutadas con una perspectiva de largo plazo, más allá de un solo gobierno.

Es inminente una desconfianza por parte de las empresas, las cuales contraerán sus planes de inversión en el país hasta que quede claro qué dirá la probable nueva Constitución. Chile podría perder su atractivo si dicho cambio implica un aumento de los impuestos corporativos y un mayor poder a los sindicatos. Sin embargo, según el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, desde un punto de vista optimista, si se compara con los vecinos, Chile puede seguir sobresaliendo en la región, tanto como una posible restauración de la confianza de los inversionistas locales, o por descarte de las otras opciones latinoamericanas, en donde el gobierno populista de Argentina probablemente empeore su crecimiento a largo plazo, Bolivia está tratando de salir de una crisis, Perú está en un punto muerto político y la economía de México sigue cayendo. Por ello queda la pregunta, “¿A qué otro país irían a invertir las compañías multinacionales chilenas?”.

Con optimismo, un miembro del directorio de una transnacional chilena nos comentó que “esta situación puede verse como una especie de “hipo”, con altas y bajas y donde se espera que todo vuelva a la normalidad”. Otro reconocido empresario añadió, “Yo soy optimista, y creo que Chile es un país de gente moderada, es un país que tiende a ordenarse y no es violento. La gente es de centro izquierda pero cargada para el centro. Si la probable nueva Constitución de Chile garantiza libertades económicas básicas, muchos inversionistas podrían seguir considerando a Chile como un oasis de estabilidad”. Ambos concuerdan que, a pesar de las circunstancias extraordinarias, Chile tiene la oportunidad de convertirse en un modelo económico aún mejor, y más justo, de lo que ha sido en los últimos 30 años, “En algún momento primará la cordura. Pero no con la cabeza caliente como ahora”.

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1 OECD (2020), Income inequality (indicator). doi: 10.1787/459aa7f1-en (Accessed on 13 April 2020)
2 OECD (2020), Education spending (indicator). doi: 10.1787/ca274bac-en (Accessed on 13 April 2020)
3 OECD (2020), Health spending (indicator). doi: 10.1787/8643de7e-en (Accessed on 13 April 2020)
Photo Credit: October 21 2019 REUTERS Edgard Garrido

Cecilia De Orbegoso
Cecilia De Orbegoso leads business development in South America, co-ordinates our commercial activities and is responsible for establishing and maintaining client relationships. Cecilia has significant experience as an Equity and Treasury Analyst and as an investment specialist for the Peru Trade and Investment Office.

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